Operativo Mochila: medida ineficaz y atentatoria a los derechos de la niñez

Asociaciones civiles y protectoras de los derechos humanos denuncian los operativos

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que ningún menor será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación

 Por Ernesto Michel

El Operativo Mochila, que se lleva a cabo en diversas partes de México, así como en Playa del Carmen y otras ciudades de Quintana Roo consiste en la revisión de las mochilas de niños y niñas sin su consentimiento y de forma inesperada, por parte de elementos de la policía y autoridades educativas, con el pretexto de prevenir conductas delictivas en las que estén involucradas la posesión de armas o drogas.

Sin embargo, esta práctica es ineficaz y violatoria de los derechos de las niñas y los niños, así lo ha denunciado Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) y Todoniñ@s Todocultura A. C.

Este tipo de operativos buscan criminalizar a la niñez sin atacar los orígenes del consumo de drogas y las conductas violentas o antisociales: la ruptura del tejido social, derivada en su origen de la disfuncionalidad de algunas familias y consolidada por un quehacer gubernamental ineficiente, reflejado particularmente en el imperio del narcotráfico, la impunidad y la inseguridad, afirman las asociaciones civiles.

El operativo Mochila Segura y la aplicación de exámenes antidoping, inscritos en el programa Escuela Segura que a su vez forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por la administración federal del Presidente Felipe Calderón, han perdido su vigencia, según el reconocimiento hecho por autoridades de gobierno estatales en todo el país.

Dichos operativos son atentatorios a los derechos de la niñez a la no discriminación, a decidir sobre los asuntos que los afectan y a intimidad, respeto y dignidad; además, tales acciones impiden la construcción o el fortalecimiento de relaciones de diálogo y confianza entre niños, niñas y adultos, no previenen el uso de drogas, no ayudan a evitar una mayor adicción del adolescente a las drogas y no combaten el tráfico de éstas.

El hecho de que algunos padres o madres de familia hagan presencia en la aplicación del operativo no legitima tal violación a los derechos humanos antes mencionados, ya que éstos pertenecen en forma inalienable a sus titulares niños y niñas, no a los progenitores, quienes pueden revisar las mochilas de sus propios hijos, en la privacidad del hogar, pero no las de niños ajenos y no en actos de exhibición pública ante propios y extraños.

CADHAC y Todoniñ@s Todocultura AC instamos a las autoridades estatales y municipales, así como a los padres y madres de familia a no normalizar el estado de vigilancia y escrutinio de las principales víctimas de la violencia y el narcotráfico: las niñas y los niños. Particularmente cancelar la aplicación del Operativo Mochila e invitamos a trabajar en un verdadero programa de prevención que desaliente y erradique la comisión de delitos, sin incurrir en prácticas represivas y violatorias de los derechos fundamentales, en abono a la reconstrucción de la seguridad ciudadana y la confianza en los cuerpos policíacos. (Con información de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C.)

Escuela Segura, derechos no tanto

En relación con el consumo y comercio de sustancias ilegales entre los más jóvenes, el Programa Escuela Segura (PES) es una de las políticas del gobierno federal que ha sido severamente criticada por agrupaciones de derechos humanos.

El PES se puso en marcha el 7 de febrero de 2007 y está dirigido a escuelas de educación básica localizadas en “zonas de alto riesgo”. La primera fase del PES se desarrolló de febrero a julio de 2007 y tuvo un carácter diagnóstico en 9 estados de la República. En esta etapa se incorporaron escuelas de 9 municipios y 3 delegaciones políticas del Distrito Federal. La segunda etapa se realizó durante el ciclo escolar 2007-2008 en 45 municipios donde, de acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública, se concentran 58% de los índices delictivos del país. Una tercera fase del programa establece el periodo 2008-2012.

Con un presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados que asciende a la cantidad de 200 millones (de los cuales 194 millones 461 854 pesos están destinados a establecer el PES en las entidades federativas y 5 millones 538 146 se destinaron a “operación central”) para 2009, entre los objetivos de este programa se incluye “que las escuelas primarias y secundarias públicas del país se constituyan en espacios libres de violencia, adicciones y delincuencia, fortaleciendo el desarrollo integral de los alumnos en la promoción de actitudes y valores en la cultura de la prevención y en la seguridad escolar”.

De la protección a los alumnos a la violación de sus derechos

Sin embargo, ni la descripción del PES en su página electrónica, ni los materiales de difusión de la Secretaría de Seguridad Pública ni de la Secretaría de Educación Pública especifica hablan de la revisión de las pertenencias de los estudiantes, sin embargo, el “Operativo Mochila” se ha establecido en diversas entidades federativas desde 2002 y ahora se integra como parte de las medidas del PES. El Operativo Mochila consiste en revisiones de los útiles escolares de los menores, que se realizan por padres de familia en presencia de autoridades policiacas. En estas acciones también participan las autoridades de las escuelas inscritas en el programa.

Aunque se aplica desde 2002, es desde el lanzamiento del PES en febrero de 2007, que el Operativo Mochila ha sido cuestionado por diversas instancias, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ya que “no nos parece que el problema sean

los jóvenes, nos parece que el problema es por qué los jóvenes consumen droga y por qué afuera de las escuelas hay drogas”, señaló Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF.

El mismo día del lanzamiento del PES, Felipe Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo, anunció que en las escuelas públicas se aplicarían exámenes antidoping a los estudiantes, aunque “no será para castigarlos sino para ayudarlos”, en el marco de la estrategia nacional de seguridad denominada "Limpiemos México".

"Ojalá nos apoyen, nos comprendan, nos ayuden si se necesita revisar de repente las cosas, los libros", fueron las palabras de Calderón e informó que se llevará a cabo un monitoreo "y una revisión permanente del estado de salud de los alumnos para detectar cualquier adicción y actuar de inmediato, no para castigarlos, sino para ayudarlos a resolver ese problema", señaló.

Pese a todo, la medida contraviene el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la reputación, así como las garantías individuales consagradas en el Artículo 16 de la Constitución, que señala: “ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En el mismo sentido, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, establece que ningún menor será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

La CDHDF declaró en 2002 que, “ante la discusión que se ha generado por la aplicación de la llamada ‘Mochila segura’, se deberá demostrar que la revisión de las pertenencias de los estudiantes es una medida idónea e insustituible para los fines que se persiguen; es decir, debe haber forma de probar que no hay otra manera de enfrentar adecuadamente la distribución y consumo de drogas así como la posesión de armas. Asimismo, se deberá documentar que esa medida ha comprobado su eficacia en el pasado para resolver el problema”.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria emitieron un pronunciamiento sobre el PES a tres semanas de ser presentado por Felipe Calderón, en el que consideran que “este tipo de medidas son violatorias a los derechos de la infancia, además de que se ha probado que no previenen la drogadicción en la población infantil”.

El pronunciamiento de estas agrupaciones considera, además, que “bajo ninguna circunstancia se justifica atacar esos problemas violando o limitando” los derechos humanos de los niños y los adolescentes (pues) algunas de las acciones pueden terminar criminalizándolos a través de medidas de vejación, de cateo y de revisión, afectando con ello el derecho a la privacidad, a la intimidad y a no ser molestados en su persona. Someterlos a este tipo de medidas es ubicarlos y reducirlos como centro del problema, sin tomar en cuenta la visión integral del mismo”. (Con información de Agencias)

Quieren en Quintana Roo obligatorio el "Operativo Mochila"

 

El presidente de la Comisión de Educación en la XII Legislatura, Alexander Zetina Aguiluz informó que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para establecer como obligatorio el "Operativo Mochila".

El legislador indicó en días pasados que presentará un punto de acuerdo solicitando al Poder Legislativo dote de recursos necesarios para redoblar la vigilancia en las escuelas y garantizar la seguridad de los educandos.

Según comentó, existe un trabajo coordinado con el área de Vinculación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) y el Consejo de Seguridad, para establecer acciones concretas que den atención específica en aquellas escuelas con "focos rojos".

Explicó que los colegios en "riesgo", en su mayoría están en la zona norte de Quintana Roo, aunque no significa que los del sur estén exentos de delincuencia y violencia. (Con información de Samuel Caamal de Novedades de Quintana Roo)