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miércoles, 21 de julio de 2010

Que se democratice el acceso a la cultura

Respeto a la libertad creativa, garantizar el acceso a todos los ciudadanos a la cultura y que exista una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, propuestas destacadas en la fase regional del Foro de Análisis Jurídico de la Cultura en México. 

MÉRIDA.- El Secretario de Cultura de Quintana Roo, Lic. Ángel Rivero Palomo presentó interesantes propuestas recabadas en la primera etapa del Foro de Análisis Jurídico de la Cultura en México, durante la fase Regional realizada este 20 de julio en la ciudad de Mérida, Yucatán, ante legisladores, autoridades culturales del ámbito federal y ocho estados del país, entre ellos Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas.

Rivero Palomo destacó en esta ciudad que las propuestas de artistas, académicos, intelectuales, estudiosos del Arte y promotores culturales quintanarroenses manifestadas el pasado 19 de julio en la consulta estatal; en los temas de Legislación Cultural y Derecho de Acceso a la Cultura, coinciden en que debe existir una Ley General de Cultura que reglamente el acceso a esta y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”, y establezca “los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

El Secretario de Cultura de Quintana Roo expuso que los participantes destacaron también que en la Ley del Estado se debe garantizar un presupuesto anual suficiente a la promoción, difusión, investigación y capacitación cultural. Y su monto se distinga claramente, donde se destine un presupuesto anual fijo no menor al 0.5 % del Producto Interno Bruto de México, algo acorde con un país que ocupa el décimo tercer lugar en las economías mundiales y que requiere de una mayor inversión en el factor humano y social.

Los ponentes de dicho foro también mencionaron que una acción que debe acompañar el esfuerzo legislativo en lo antes señalado, es el establecimiento de un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Culturales, que cuente con las herramientas necesarias para la construcción de indicadores que permitan a la sociedad medir, evaluar y conocer los avances en el cumplimiento de los programas. Y que las constituciones locales se adecuen a este cambio en la reforma constitucional federal y se revisen las leyes y normas culturales locales para su mejor sintonía y buen cumplimiento.

En el tema de Responsabilidad de las Empresas para la Promoción y el Financiamiento de la Cultura, el titular de dicha Secretaría manifestó que como resultado del foro estatal, los ponentes plantearon que se deben especificar los instrumentos fiscales y hacendarios para poder establecer convenios de colaboración, financiamiento y/o de apoyo entre las instituciones culturales del estado y la iniciativa privada.

También dijo que los artistas e intelectuales y especialistas en materia cultural, solicitan que las industrias culturales del libro y el cine tengan políticas claras y concretas para los estados federativos. Específicamente: que se incremente la presencia de las librerías, teniendo una en los principales municipios de cada estado y que se apoye la edición de una revista cultural, teniendo como principio la publicación de materiales de calidad que sean dictaminados por un comité editorial, integrado por representantes institucionales y de la sociedad civil.

En lo que respecta a la Regulación Artística en Planes y Programas de Estudio los participantes del foro expusieron que se deben realizar las modificaciones en leyes, reglamentos y acuerdos a nivel federal para que el sistema educativo nacional contemple en la currícula de la educación primaria, secundaria y media superior la educación artística de manera obligatoria. Que en esta estrategia educativa se combine armónicamente lo nuevo y lo clásico, las nuevas manifestaciones del arte y lo propio de los usos y costumbres; de esta forma se respondería a las actuales circunstancias de la globalización y la interculturalidad.

Así como el fomento de la educación en la cultura. Que se eduque en la cultura los valores éticos de la sociedad. Para ello se debe apoyar la extensión cultural en las universidades, aumentando el presupuesto para las actividades artísticas y crear condiciones para formar profesionales en las artes.

En el tema de Patrimonio material e inmaterial manifestaron que se aceleren los inventarios del patrimonio cultural intangible de los estados y se integre un registro nacional. Que se establezca una mejor vinculación entre las comunidades y las instituciones culturales, donde quede claro que la desigualdad económica no es sinónimo de desigualdad cultural, para con ello lograr una relación intercultural horizontal que evite la visión paternalista hacia las comunidades.

Rivero Palomo finalizó su ponencia con la propuesta sobre la necesidad de proteger los derechos de propiedad intelectual colectiva de las comunidades y grupos indígenas en lo referente a sus conocimientos y relaciones con la naturaleza y en la producción de sus artesanías. Esta acción debe llevarse hasta el régimen de patentes y con ello combatir la piratería de tradiciones y conocimientos populares que actualmente se les extrae por ser del “dominio público”.

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