CANCUN.- De acuerdo con las declaraciones hechas por los abogados que llevan el caso de Gregorio Sanchez Martínez, ex candidato al Gobierno de Quintana Roo por la Mega Alianza Todos por Quintana Roo, el proceso muestra graves inconsistencias que hacen suponer una intención para evitar que sea votado en el proceso electoral que se avecina.
Según se informa el proceso judicial en contra de Greg, inicio tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia declarará como inconstitucional la reforma del articulo 80 de la constitución del estado de Quintana Roo “la situación jurídica de Gregorio Sánchez inicia cuando el año pasado el gobierno del estado de Quintana Roo, promovió ante su Congreso Local una reforma constitucional para establecer que nada más se podía ser candidato a gobernador aquellos que tuvieran una residencia en el estado de 20 años, cuando originalmente se establecía una residencia de 10 años”
El 19 de enero da inicio la averiguación previa por una llamada anónima, que vincula a Gregorio Sanchez Martínez, con el crimen organizado y el trafico de personas, ese mismo día se recaba declaración de un testigo protegido quien aseguró que era miembro del cartel de los Beltrán Leyva y que sabía que el “Matrix” Eric Ramírez, supuesto chofer o guardaespaldas de Greg, recibía dinero que entregaba a Sanchez Martínez, por permitir la operación de bandas del crimen.
Seis testigos son los que declaran que por oídas o aseguran haber visto a Gregorio estar en reuniones con jefes de los carteles de las drogas de México y del extranjero, e inclusive un testigo habla de una reunión tipo “cumbre del narco” donde todos los jefes y lugartenientes se juntaron para realizar un plan de actividades y la división de los territorios que les correspondía, realizada en Acapulco, algo que suena inverosímil, por los conflictos que se viven entre estos carteles que están en una guerra desde hace varios años.
Por otro lado la averiguación previa fue presentada ante un juez el cual rechazo la consignación y en vez de apelar la decisión la PGR decide presentarla ante el mismo juez que otorgó las ordenes de aprehensión en el caso llamado “el Michoacanazo”, quien concede inmediatamente obsequia la orden de aprehensión.
Otras de las cosas inverosímiles es el hecho que por 30 mil pesos al mes Gregorio Sanchez haya permitido el libre transito de drogas e indocumentados “30 mil pesos al mes, imagínese, un testigo protegido que además su dicho resulta tan increíble como que lo contratan para llenar sobres de dinero para darles a toda clase de funcionarios y a él le pagan 5 mil pesos a la semana y aguanta 6 meses, sus 20 mil pesitos y estaba ocupado de agarrar la lana y meterla en sobres para repartirla y Greg por 30 mil pesos al mes permitía el trasiego de drogas, el tráfico de personas, es ridículo”
De las declaraciones vertidas por los abogados se destaca el hecho que por los tiempos legales y el tipo de delitos que se le imputa, no hay posibilidad de amparo ante el auto de formal prisión, por lo que Sanchez Martínez permanecerá en la cárcel y no saldrá antes del día 5 de julio, fecha de las elecciones.
“hoy por hoy es un candidato en la cárcel, además en forma manifiestamente injusta, manifiestamente ilegal, no hay ni siquiera los elementos mínimos para sostener este auto de formal prisión, lo que pasa es que si el juez lo dictó pues hay que agotar los medios de impugnación, el recurso de apelación y en consecuencia se toma el tiempo necesario para que esto se resuelva.
Yo le diría que hay una altísima probabilidad de que Greg salga libre por revocación del auto de formal prisión o reclasificación de los delitos, pero a lo mejor sale el 15 de julio, que no nos sirve para nada o el 15 de agosto cuando ya para qué sirve, es decir, le apostaron a los tiempos, esa es la celeridad por la cual el señor licenciado Luengo les dice, 3 días después de la reducción de la Corte empieza la persecución contra Greg.”
Por otro lado en cuanto a sus derechos políticos que han sido suspendidos el camino es la apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien determinaría si se utiliza la misma tesis que el caso de Aguascalientes, aunque aclararon que ellos solo ventilan al caso penal y en cuanto al electoral seria el PRD quien se haría cargo de esta defensa.
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